Memorias del “Poder Popular” en la economía venezolana : Miami IMC

Del año 2001 vienen las promesas gubernamentales de impulsar un modelo productivo donde el Estado venezolano crearía las condiciones para generar e impulsar el crecimiento de una nueva economía endógena –inicialmente llamada popular o solidaria, luego socialista-, que arreciaron 4 años atrás en medio del festival de juramentos para amarrar votantes en el referéndum revocatorio de agosto de 2004, y se repitieron en los posteriores torneos electorales. Según esa oferta, el protagonismo y gestión principal correspondería a los trabajadores que interviniesen a través de la cogestión socialista de empresas ya existentes o constituyendo cooperativas. Ese discurso se hizo más intenso y radical con el correr de los años, cuando desde Chávez hasta el último vocero oficialista no cesaban de reiterar que sin vuelta atrás se iniciaba la edificación de una estructura productiva revolucionaria y participativa, en la cual se invertían todo el esfuerzo y los recursos posibles, como con énfasis se proclamaba casi cada domingo en el show presidencial de TV, donde se llegó a lanzar la consigna de “fábrica cerrada, fábrica tomada” (por sus trabajadores) y se anunció que nos habíamos convertido en el país con más cooperativas en el mundo.

º Cuestionando la farsa

Bien temprano, l@s anarquistas empezamos a advertir (ver Nros. 38, 42 y 43 de El Libertario) lo que se ocultaba tras la proclamada intención de ir “construyendo el socialismo bolivariano”, como reza el slogan oficialista. Esto es lo esencial que hemos dicho al respecto:

- Las cooperativas promovidas por el Estado fueron una salida para intentar reducir las estadísticas de desempleo y de ocupación en la economía informal, siendo un modo fácil de generar empleos temporales, subpagados y sin beneficios sociales, puesto que pronto se evidenció la condición de trabajo precario imperante en la mayoría de las relucientes cooperativas socialistas, donde uno o unos pocos inscritos –conectados con las esferas de poder oficial de las cuales depende la supervivencia de estas iniciativas- terminan siendo patronos de los demás “socios”. En cuanto a los resultados concretos de este boom del cooperativismo bolivariano, véase lo indicado en el cuadro que sigue.

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_Las cifras del “cementerio de cooperativas”_

// Según SUNACOOP (superintendecia Nacional de Cooperativas) y otros voceros oficiales hay registradas unas 200.000 cooperativas, aunque se habló en 2007 de 250.000; no obstante, en un intento formal de cuantificar la actividad cooperativista real –el Censo hecho por SUNACOOP en 2006- la cifra alcanzada fue de apenas 47.000 agrupaciones.

// De acuerdo a la propaganda oficial, las Misiones Vuelvan Caras I y II entre 2004 y 2006 recibieron 954 millardos de Bs. (954 millones de Bs. F.), que permitieron a 627.554 lanceros (participantes en estas Misiones) organizar 6.814 cooperativas, a su vez agrupadas en 130 Núcleos de Desarrollo Endógeno.

// Calificados conocedores del cooperativismo en este país cuestionan la validez y el enfoque simplista de los datos oficiales: Oscar Bastidas ha dicho que lo que realmente existe es un “cementerio de cooperativas”; mientras que Alberto Dorrenochea indica que en el escenario más optimista habría unas 15.000 cooperativas activas.

// Del universo de 47.000 asociaciones censadas en 2006, el 67% (31.486) no estaban activas. También considerando el total censado, 74,5% están registradas para actividades de comercio y servicios. Escasamente 14% (6.580) había recibido soporte financiero de la banca pública o privada, de las cuales sólo poco más de la mitad (3.300) han rendido cuentas sobre los recursos recibidos.

// El censo de 2006 incluye 4.836 cooperativas registradas por participantes en las Misiones Vuelvan Caras, lo que es 29% menos que la cantidad difundida por la propaganda oficial. De ese número censado, únicamente 49% (2.370) se encontraban activas, de las cuales 76% en comercio y servicios comunales, mientras sólo 24% (569) se ocupaban en tareas de producción.

- Desde un principio, la cogestión fue un subterfugio para que un puñado de empresas privadas quebradas o en graves dificultades (una media docena en todo el país) pasen a manos del Estado, a través de supuestas “expropiaciones” que en todos los casos resultan negocios tan jugosos para los antiguos dueños (y sus asociados dentro del gobierno) que no se ha oído ninguna protesta de los afectados por esta medida pretendidamente anticapitalista. También hubo una empresa del Estado (Alcasa), con la cual se quiso crear un mito sobre sus logros en ir hacia una cogestión consecuentemente socialista, lo que ha sido puesto en duda con argumentos contundentes (ver El Libertario # 51 y las informaciones de prensa sobre Alcasa en los primeros meses de 2008).
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- Lamentablemente las empresas cogestionadas y las cooperativas, en la mayor parte de los casos, debieron menos su existencia a procesos de lucha y/o concientización autónoma surgidos desde abajo, que a servir de señuelo para engatusar tanto a sectores populares –atraídos por la oferta de dinero, empleo y respaldo del gobierno- como a militantes convencidos en que significaban una profundización del proceso revolucionario; por tal motivo, también valían para contener o domesticar posibles insurgencias de sectores susceptibles a la radicalización o a plantear incómodos cuestionamientos, así como para crear nuevas parcelas de clientela política.

- En la práctica, el Estado venezolano ha querido mantener absoluto control sobre estas iniciativas. A su pesar (¡y cada vez más veces, sobre sus adoloridas costillas!) han comprobado muchos trabajadores que una cosa es la verborrea socialistoide del show de TV dominical y otra la acción concreta del aparato estatal, que sólo afloja el dinero y brinda apoyo cuando cuenta con la obediente sujeción del “Soberano”, como gusta el chavismo denominar a sus seguidores dóciles, sin olvidar que es de un cinismo insultante que esa intervención autoritaria se haga vía Ministerios auto-denominados como del “Poder Popular” desde enero de 2007.

º Más cuentos de camino

El fracaso del cooperativismo y la cogestión en las versiones promovidas por el régimen ha sido patente entre fines de 2007 y comienzos de 2008, así que el discurso oficioso ha preferido cambiar el DVD y venir con la historieta de las Empresas de Producción Social o Socialistas (EPS) -ambos apelativos se usan en su promoción- diciendo que ahora sí tiene la fórmula para llegar a la tierra prometida del Desarrollo Endógeno Socialista. Pero lo cierto es que encontrar una explicación comprensible o precisa sobre qué cosa son las EPS es ejercicio inútil, ya que bajo esas siglas se pretende incluir tanto a lo que queda de cooperativas y empresas cogestionadas, más diversas compañías estatales y el añadido de firmas capitalistas privadas que por una u otra razón se vinculan fuertemente al Estado.

Recientes proclamas oficiales (por ejemplo la que recogía El Universal del 11/03/08) pregonan que para 2009 habrá 73 nuevas EPS, resultado del Plan “Fábricas Socialistas”, bajo gestión social indirecta -eufemismo que se traduce como empresas capitalistas de propiedad estatal-, en las que se fundamentaría la futura y segura industrialización endógena. Semejante anuncio solo puede tomarse con sorna, teniendo en cuenta lo ocurrido en Alcasa, Invepal, Invetex, Inveval, Sideroca/Venetub, Sanitarios Maracay, Central Azucarero Cumanacoa, Central Azucarero Motatán, Planta de Tratamiento de Desechos Sólidos de Mérida, Tomatera Centinelas en Sabaneta, por solo mencionar casos recientes comprobables en la prensa e Internet, donde han sido en especial los trabajadores quienes pagaron los platos rotos por la corrupción, el autoritarismo y la incompetencia que resultan de la acción vil de este “Poder Popular” al intervenir en la actividad industrial.

ARMANDO VERGUEIRO [El Libertario, # 53, p. 5, mayo-junio 2008, Venezuela]

ellibertario@nodo50.org - http://www.nodo50.org/ellibertario

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Falacias, demagogía y oportunismo

Todos recordamos cuando el vicepresidente de la República, coronel Ramón Carrizalez, anunció la decisión del régimen de reestatizar Ternium-Sidor (9/4/08) debido a los niveles de explotación de los trabajadores sidoristas por parte de esta trasnacional. Acto seguido el teniente coronel reivindicó falazmente esta reestatización como una medida de carácter socialista, cuando en realidad lo que representó fue un paso de avance en la consolidación del su Capitalismo de Estado militarizado en constante expansión.

Evidentemente esta medida fue inesperada y contradictoria, pues aún estaban frescos los brutales atropellos en contra de los trabajadores sidoristas realizados por parte de la Guardia Nacional y de la policía del Estado Bolívar. El saldo de esta "heroica batalla bolivariana" ordenada por el ejecutivo nacional y autoridades regionales fue de 20 heridos, 53 detenidos y docenas de carros destrozados, propiedad de los trabajadores sidoristas, a manos de los maleantes uniformados integrantes de esos cuerpos represivos del Estado (3/14/08).

Inesperada y contradictoria, dada que la postura del oficialismo era de liquidar a Suttis (Sindicato Unico de Trabajadores de la Siderúrgica y sus Similares) como único interlocutor válido de los trabajadores en el conflicto laboral. Tarea perversa que fue realizada por el defenestrado ministro del Trabajo José Ramón Rivero quien acusó a Sutiss de ser el culpable de la conflictividad laboral y fue capaz de promover y avalar un referéndum manipulado por la empresa a espaldas de Suttis. Pero además, amenazó con llamar a la reanudación forzada de la faena en caso de que los trabajadores sidoristas ejercieran el derecho a la huelga.

Inesperada y contradictoria, pues le tomó al régimen nueve largos años, por favor léase bien nueve años, en descubrir que Ternium-Sidor explotaba salvajemente a los trabajadores sidoristas, que había reducido la nomina de 15.000 trabajadores fijos, a menos de 6.000 trabajadores y que habían aproximadamente 10.000 trabajadores tercerizados, todo ello producto de una nefasta flexibilización laboral, propia de los proyectos neoliberales. Situación laboral que había sido denunciada por los trabajadores en forma repetitiva ante los organismos competentes, teniendo como respuesta una total indiferencia por parte del gobierno del teniente coronel.

Inesperada y contradictoria, porque durante estos nueve largos años el régimen designó directamente a funcionarios de alto nivel político, para que representaran al Estado en los cuatro cargos en la Junta Directiva de Ternium-Sidor. Esos funcionarios avalaron sin objeciones todas las políticas neoliberales de Ternium-Sidor, sus balances financieros y nunca jamás denunciaron violaciones de leyes venezolanas, ni maltrato a los derechos laborales y mucho menos daño ambiental.

Inesperada y contradictoria, pues resulta evidente que el régimen avaló desde la misma Junta Directiva de la empresa todas estas medidas antiobreras en estos nueve largos años, pero además mantuvo un respaldo total hacia la misma en estos últimos 16 meses en los cuales se dio la discusión del contrato colectivo.

Resulta obvio, que el gobierno ha sido cómplice de todos los atropellos cometidos por parte de Ternium-Sidor en contra no solo de los trabajadores, sino del ambiente, del fisco nacional, etc, los cuales inexplicablemente es ahora que son descubiertos por el oficialismo. Es evidente, que la reestatización de esa empresa no ha sido una medida destinada a romper con la explotación capitalista de los trabajadores, ya que la empresa no ha sido socializada, no esta en manos de los trabajadores sino del Estado burgués. Pero además tampoco para satisfacer en su totalidad las demandas socio-económicos de los trabajadores dado a que en la nueva convención colectiva se perpetua la figura de los tercerizados (Cláusula 97 que al igual a la anterior convención colectiva de Ternium-Sidor se mantiene la figura de las empresa contratistas para realizar labores inherentes a la producción). Esta reestatización ha sido primeramente, una medida oportunista, electorera y demagógica asumida por el régimen dada la baja popularidad del líder y su propuesta nacionalsocialista en la región estratégica de Guayana sede de las industrias básicas del país. Segundo, un nuevo paso en la consolidación de un nefasto capitalismo de Estado promocionado como el Socialismo del siglo XXI.

Ya hoy sabemos que los trabajadores fueron excluidos de la directiva de Sidor y que la gran mayoría de los trabajadores tercerizados, seguirán bajo esa nefasta condición de trabajo, pues la Cláusula 97 no se modificó. Una vez más, el teniente coronel ha hecho uso de la falacia y la manipulación como elementos indispensables para así llenar con ellos el gran vacío de verdades de este gobierno decadente.

José Rafael López Padrino - reln26@gmail.com